NVS

La ANTP y la AMESP compartieron áreas de oportunidad que las empresas deben atender para hacer frente a este delito.

Mayra Pérez Cerón

En el país, cada 45 minutos un camión es robado. Tan solo durante 2018, el costo global de la inseguridad en el autotransporte se estimó en 43,665 millones de pesos, cifra que equivale al total recaudado por el Gobierno mexicano en el mismo año por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles, revelan cifras de Daimler Trucks México.

Únicamente en mercancía, señala el fabricante en un análisis que realizó este año denominado “Panorama de Seguridad del Autotransporte en México”, la pérdida diaria por asaltos alcanza los 17 millones de pesos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), en este escenario constante y ante el alza de atracos e inseguridad, todos los diferentes modelos de negocio siempre deben contar con un pro­tocolo de seguridad y prevención.

“Lo importante es definir cómo trabajarlos para dar mejores resultados en el entorno de nuestro negocio: sea el transporte, operadores o la propia empresa en cualquiera de las líneas de la cadena de suministro”, indica en entrevista Verónica Torres Landa, Directora Ejecutiva de la AMESP.

La también especialista en seguridad nacional pública y física de instalaciones estratégicas asegura que, aquella empresa que cuenta con un programa de seguridad, correctamente implementado en el transporte y en sus procesos con empleados y clientes, son más competitivas y pueden diferenciarse al atender escenarios de riesgo con su perso­nal, su carga y sus usuarios.

La abogada considera que, lo primero que deben entender las compañías, es que no saben lo suficiente sobre seguridad. “Y, entonces, ¿con qué deben empezar?, con la cadena de sumi­­nistro, ponerle los puntos de prevención en cada paso. Ya no nada más es en el último eslabón o cuando se traslada la mercancía”, detalla.

Desarrollar un protocolo de atención permitirá definir cómo actuar y responder ante cualquier situación de inseguridad. Aunado a ello, establecer una estrategia de respuesta, con protocolos de mando, ante incidentes de cualquier otra índole que se generen dentro de la operación.

Para la especialista, también es necesario que las empresas desarrollen un modelo de vinculación e inteligencia social, con el cual se obtenga información del municipio donde está la operación o se trasladarán los bienes y servicios de la compañía, a fin de generar mejores estrategias de atención y prevención.

“¿Por qué?”, ejemplifica, “si yo tengo mi centro de distribución en Serdán, Puebla, ya sé que estoy en el mero triángulo rojo de inseguridad y robo. Entonces, tengo que construir medidas de prevención muy reactivas y con mucha seguridad física tanto para el personal como para los vehículos que trasladan mercancías. Esto, a diferencia de otras zonas menos conflictivas en el país, como Mérida o La Paz”.

Torres Landa agrega que las empresas también deben considerar operar bajo un modelo de corresponsabilidad social con la autoridad y municipios para ayudar a la organización por medio de la propia comunidad.

“Si yo ayudo a mi compañía a través de la comunidad, pues van a cuidar mi empresa. Voy a cuidar mi entorno, porque el personal entra y sale de allí; tanto el que trabaja como el que se traslada”, comparte.

“Si nosotros trabajamos con tres acciones principales: obtener información para saber qué sucede en mi escenario, qué voy a hacer para generar acciones concretas y cómo voy a formar a estos seres humanos para que mi vinculación sea fluida. Tres acciones que me van a ayudar a ser mejor empresario y ciudadano”, añade.

También la Directora General de Vtl Consultores, sugiere que, para mejores resultados, las compañías se apoyen en organizaciones como la Asociación Na­cio­nal de Transporte Privado (ANTP) y en las autoridades que se dediquen al tema de la atención al robo al autotransporte, tanto en los estados como a través de la Guardia Nacional.

La OCRA ayudará a socios de la ANTP a recuperar camiones robados

La Asociación firmó un convenio de colaboración con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) para desa­rrollar medidas de prevención ante la ola de robos al autotransporte de carga.

El acuerdo estipula que los vehículos de los socios de la ANTP con reporte de robo que hayan sido recuperados, aunque no estén asegurados, puedan ocupar un espacio en los corralones de la OCRA, y que las empresas reciban apoyo en el proceso de liberación de las unidades.

“En la ANTP estamos impulsando fuertemente medidas de prevención para tratar que la incidencia delictiva en el transporte de carga sea menor. Y, con base en esto, se firmó un acuerdo de colaboración con la OCRA, con el objetivo de desarrollar líneas de acción, así como el intercambio de información y estadística”, explicó Ger­mán Paz, Coord­inador de Seguridad de la Asociación.

El convenio considera también la integración de la OCRA en las mesas de trabajo que tiene el Comité de Prevención y Combate al Delito de la ANTP, mismas que realiza con autoridades del ámbito local y federal; así como el desarrollo de una base de datos de los socios sobre vehículos con cualquier tipo de incidente penal, a fin de generar una estadística mensual que se incorpore a la aplicación SMAP.

Por su lado, Mario Crosswell, Director General de la OCRA, detalló que cuentan con convenios en 16 estados de la República y depósitos en la CDMX, cinco en Edomex –Amecameca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atizapán y Toluca–; en Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Monterrey, Morelos, Tlaxcala y Guadalajara, y se encuentran en pláticas para establecer otros más en Sinaloa e Hidalgo.

“Este convenio lo estamos ofreciendo a la ANTP, que tiene problemas muy fuertes en algunas entidades federativas –Gua­na­juato, Puebla, Tlaxcala, principalmente–, en donde las tarifas, cuando entra un camión robado (a un corralón), ascienden a 40,000 ó 50,000 pesos por una semana o 15 días, si no es que desva­lijan el vehículo rápidamente, o también se tardan en liberarlo”, expresó.

“Los peritos de la OCRA son los más altamente calificados a nivel nacional, por encima de los de cualquier Procuraduría. Les damos instrucción, elaboramos un manual de identificación, y cuando ingresan en estos lugares, nosotros los apo­yamos en la liberación del vehículo sin que les cueste un centavo”.

Añadió que la gestión se realiza con las autoridades responsables, sin gratificar ninguna labor que realice la Pro­curaduría. «Obviamente no se chata­rrizan los vehículos, hay cero gratificaciones de cualquier índole, esto origina una si­nergia de altura para la autoridad y para el sector asegurador».

La OCRA es una empresa que se cons­tituyó hace 25 años, y sus tareas principales son programas de prevención y combate al robo de vehículos. Se en­carga de coordinar accio­nes relativas a la loca­lización, identificación y re­cuperación de vehículos robados a efecto de reducir pérdidas en su patrimonio.

La compañía del sector asegurador ha ido aumentando sus funciones, sobre todo en los rubros de prevención del delito, servicios confiables de informática, cursos de capacitación pericial en materia de identificación ve­hicular y apoyos a las autoridades de pro­curación de justicia y seguridad pública –tanto nacional, como estatal y municipal– así como a las de carácter militar y a las que inciden en la seguridad interior.

TyT