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Cumplimiento regulatorio: indispensable para la viabilidad del sector

El autotransporte está expuesto en su operación diaria a infinidad de riesgos que impactan directamente al entorno, a la sociedad y a los propios intereses de las empresas. El valor de la carga, el altísimo volumen de movimiento de mercancías que requiere el país para funcionar, el elevado crecimiento de importaciones y exportaciones que se dan por carretera, la inseguridad que impera en buena parte de los caminos del país, la experiencia y destreza que se requieren para ope­rar autobuses, camiones y tractocamiones; la imprudencia de muchos de los que utilizan las vías de comunicación federales y la férrea competencia en el sector —solo por mencionar algunos factores—, hacen del transporte una actividad empresarial que demanda una estricta administración de riesgos en absolutamente todos sus procesos.

Desde el reclutamiento de operadores hasta la aceptación de un contrato por parte de un generador de carga, pasando por cada uno de los traslados que realizan, los transportistas requieren hoy más que nunca apegarse a la normatividad del sector, así como efectuar considerables esfuerzos para ir más allá de ésta, a fin de proteger su prestigio, patrimonio y, por supuesto, a sus colaboradores y terceros.

La línea base para reducir la siniestralidad es, sin duda, el cumplimiento del marco regulatorio del autotransporte, con especial énfasis en las NOM-012, 068 y 087. Mejorables, sí, pues siempre pueden hacerse ajustes; sin embargo, hoy todos los expertos en la materia coinciden en que más allá de establecer más reglas, lo importante es cumplir las vigentes. El gran reto para el sector y las autoridades, es que no todos están mostrando un estricto apego a las reglas y, por ende, también se abre la puerta a la co­rrupción. Por esta razón, es indispensable que los transportistas en su totalidad acaten la regulación y, a la vez, se combata frontalmente la deshonestidad de algunos funcionarios públicos. El nuevo Gobierno ha prometido ser contundente en este último punto.

De hecho, la conclusión preliminar del Foro Regional sobre el Doble Remolque, llevado a cabo a manera de parlamento abierto y convocado por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, fue la siguiente: hace falta que todos los transportistas cumplan con la normatividad vigente y se supervise con más rigor el respeto a la misma por parte de la autoridad federal.

Desafortunadamente, varios diputados, a pesar de haber escuchado que la configuración vehicular que menos aporta a la estadística de siniestralidad por tonelada transportada es la de doble remolque, se pronunciaron en contra de la misma, así de fácil, sin argumentos y sin sustento. Esto es grave, porque las decisiones de estos servidores públicos deben estar fundamentadas en estudios técnicos serios, ya que, de no hacerlo, la afectación al sector en éste y otros rubros es radical. No esperamos que los miembros de dicha Comisión sean expertos, pero sí damos por hecho que se allegarán de toda la información disponible en México y en el extranjero para decidir el rumbo no solo de esta configuración, sino de todas. En lo que coincidimos plenamente con los expertos que participaron en este Foro, es en que eliminar el full, más allá de bajar los índices de siniestralidad, los elevará, porque en lugar de una unidad de tracción ahora serán dos, y justamente la configuración de remolque sencillo tiene una mayor incidencia de accidentes.

Por lo expuesto anteriormente, consideramos imprescindible que todo el sector cumpla por igual con la normatividad, que los transportistas le apuesten a la autorregulación y al combate a la corrupción, y que los generadores de carga, además de asumir corresponsabilidad, promuevan las buenas prácticas e incentiven a los proveedores de transporte que registran nula o muy baja siniestralidad. Dejar en manos de los diputados el futuro del autotransporte, no es un buen augurio para el sector.

Equipo editorial.