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Sobrerregulación frena competitividad y encarece el traslado de mercancías

El autotransporte se encuentra en alerta máxima, ahora no solo por el desmedido robo que sufre el sector, sino por el embate emprendido por autoridades municipales y estatales con el cobro de permisos para el tránsito de vehículos de carga.

“Al igual que el crimen organizado pide cuotas, ahora los gobiernos municipales también lo quieren hacer para que podamos circular”, así de claro fue el maestro Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), al referirse al impacto de la sobrerregulación que sufre el autotransporte, lo cual expresó durante el Foro organizado sobre esta materia por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Desde su escritorio, algunos presidentes municipales y gobernadores, pareciera que no entienden que el autotransporte es la solución actual para que los centros de consumo y de producción tengan todas las mercancías necesarias para que las familias, comunidades y empresas puedan subsistir. No hay transportista que cruce algún municipio, en Nuevo León, por ejemplo, porque se levantó con ganas de circular en alguno de sus camiones. Todos y cada uno de los vehículos pesados que vemos en las calles del país cubren una necesidad de la sociedad, de las empresas o de las propias instituciones gubernamentales.

Lograr acuerdos que favorezcan tanto la movilidad de personas como de mercancías, es una regla de oro para fortalecer la competitividad del país en su conjunto. El transporte y la logística son el sistema circulatorio de la sociedad, frenarlos condiciona su competitividad, pero permitirlos únicamente a cambio de cuotas con fines recaudatorios es colocarlos en jaque mate.

Y lo anterior lo decimos claramente, sin exagerar: un rápido cálculo de 1,000 pesos al mes por unidad motriz para su circulación en 20 municipios, por ejemplo, nos lleva a una cifra de 240,000 pesos al año. Un pequeño empresario transportista, con una flota de 10 camiones, deberá añadir a su estructura de costos dos millones 400,000 pesos, solo por permisos de circulación. Más del valor de un tractocamión de última generación con su semirremolque. Esto, a todas luces, es inaceptable.

Exhortamos a alcaldes, gobernadores, autoridades federales y le­gisladores para que en coordinación con los líderes de Cámaras, Confederaciones y Asociaciones del sector, establezcan una mesa de negociación a fin de eliminar el pago de cuotas para la circulación del autotransporte y, a la vez, se tomen medidas que permitan una sana convivencia entre los vehículos pesados y la movilidad en general de la sociedad.

El autotransporte transita actualmente por un sinnúmero de adversidades, pero es necesario que las autoridades sepan que el pago de cuotas para la circulación ya es tan preocupante para los transportistas como el mismo robo, tema que encabeza la lista, según lo afirma el maestro Refugio Muñoz.

Sin duda, éste será uno de los temas prioritarios en la agenda de Enrique González Muñoz, nuevo presidente de la CANACAR. Sabemos que su conocimiento del autotransporte, capacidad de interlocución con autoridades y transportistas, así como su entusiasmo, harán de éste un sector más profesional. ¡Enhorabuena Enrique!

Equipo editorial.