Debe perseguirse tanto la oferta como la demanda de combustibles robados

El pasado 5 de mayo, Enrique Peña Nieto condenó los cobardes actos de agresión en contra del personal del Ejército Mexicano por parte de “huachicoleros”, ocurridos en el estado de Puebla. Giró instrucciones a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a Petróleos Mexicanos para instrumentar una estrategia integral dirigida a combatir este ilícito en todo el territorio nacional, a través de la creación del Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible.

Esta acción, aunque llega tarde, es crucial para contar con un verdadero Estado de Derecho. Tomas clandestinas por doquier evidencian la falta de mecanismos de control que deben ser implementados para detectar e incluso persuadir este delito.

Independientemente de las pérdidas multimillonarias para la Federación –que se estiman en al menos 20,000 millones de pesos anuales−, esta falta flagela la formalidad y acentúa la competencia desleal no solo en el sector autotransporte de carga, sino en buena parte de las cadenas productivas del país. Es por ello que dicho Grupo debe establecer los lineamientos y acciones que permitan investigar, perseguir y sancionar con todo el peso de la ley tanto a quienes roban y venden los combustibles, como a quienes los compran.

Este Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible tiene también la difícil tarea de luchar contra el crimen organizado, que ha sumado a los eslabones más débiles de la sociedad para operar este negocio. Razón por la cual, atender desde lo social este fenómeno será crucial para atacar de raíz el problema, que, de acuerdo a las autoridades, se encuentra concentrado en Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

La realidad muestra que todo el territorio nacional está salpicado, en mayor o menor medida, de compradores que incentivan este negocio ilícito. Por lo tanto, se requiere una estrategia y acciones integrales en todo México para evitar que los puntos de oferta se diversifiquen en el país.

Pero el Gobierno federal enfrenta un reto aún más grande: adicional al negocio ilícito que representa el robo de combustible y la liga de éste con el crimen organizado, es el principal detonador del incremento en la demanda de diesel y gasolina robados está relacionado con el alza en el precio de los combustibles a partir del 1° de enero de este año.

Mucho trabajo por delante tiene este Grupo de Coordinación contra el Robo del Combustible, que deberá tomar decisiones de largo plazo. Equipo Editorial

Equipo editorial